Uruguay: el pacto de silencio y obstrucción de los militares en la violación de los DD.HH


Uruguay el semanario Búsqueda en una crónica publicada la primera semana de mayo, se refirió extensamente a la compleja situación que enfrentan las causas de DD.HH.

«El excomandante en jefe del Ejército Guido Manini Ríos no daba tregua con sus críticas al sistema judicial. Convencido de que sus camaradas juzgados por violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura (1973-1985) no estaban recibiendo un trato imparcial de la Justicia, fue incrementando el tono de sus reparos hasta que decidió ponerlos por escrito y presentárselos al presidente Tabaré Vázquez. Tras recibir la carta, en la que Manini Ríos cuestionaba la falta de garantías para los militares investigados y afirmaba que muchos habían sido condenados sin pruebas, el mandatario entendió que había llegado demasiado lejos y lo destituyó del cargo.»

Los militares desde los altos mandos han obstaculizado los juicios, han intervenido abiertamente para obstruir la justicia y ejercer presión sobre los tribunales de justicia en Uruguay.

En directa relación con los hechos, Manini Ríos fue cesado de su puesto de comandante en jefe del Ejército a principios de marzo, tras cuestionar a la Justicia del País. Hoy el ex militar es candidatura a la Presidencia por el partido Cabildo Abierto. Los militares en Uruguay son en si un partido político encubierto, al estilo de sus pares en Brasil.

Recordemos que, El Observador público el pasado 30 de marzo el actas del Tribunal de Honor del Ejército Uruguayo en las que había documentos que incluían una confesión del ex militar Gavazzo admitiendo haber cometido delitos durante la dictadura cívico-militar del país (1973-1985). En los documentos se detallaban la confección de Gavazzo, quien arrojó en 1973 el cuerpo del tupamaro Roberto Gomensoro al río Negro (centro) para hacerlo desaparecer. Los métodos aplicados por las dictaduras militares en la región, para la desaparición forzada de los detenidos, obedeció a una práctica coordinada de los militares.

«Las actas del Tribunal de Honor Militar que juzgó entre abril y junio de 2018 a José Nino Gavazzo, Jorge Silveira y Luis Maurente, el expediente de 702 páginas refleja un paisaje del infierno. Como lo sintetizó una fuente del Poder Judicial que analizó su contenido: “Hay que tener estómago para leer esto”. »
«…Ante el Tribunal de Honor, Gavazzo también admitió que mintió ante la Justicia civil sobre cómo fue la desaparición de Gomensoro para no afectar a sus exsubordinados. El militar explicó que su decisión fue tomada por “lealtad” hacia sus camaradas, ya que si él admitía que Gomensoro había muerto mientras estaba detenido en el grupo de Artillería 1 y que él mismo había arrojado su cadáver en aguas del río Negro, había “muy alta probabilidad de que procesaran a varios oficiales de esa repartición…’»

Los criminales condenados al igual que en Chile, tienen más de un privilegio en los recintos carcelarios.

“No se trata de que estos presos estén en malas condiciones, sino de que todos deberían tener un trato digno”. Así respondió la exfiscal y exintegrante de la Institución Nacional de Derechos Humanos Mirtha Guianze cuando le preguntaron por qué los presos de la cárcel de Domingo Arena tenían habitaciones privadas, televisión por cable, gimnasio y otras comodidades inexistentes en las cárceles uruguayas.

La mayoría de los 31 procesados por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura (1973-1985) han accedido al beneficio de la prisión domiciliaria o han fallecido, y solo 12 de ellos permanecen recluidos en cárceles.

Desde el gobierno se ofició la destitución de la cúpula del Ejército uruguayo por no informar sobre la confesión del ex militar, el presidente Vázquez destituyó al recién nombrado jefe del Ejército, José González, y al jefe del Estado Mayor de la Defensa, Alfredo Erramún.

Asimismo, pidió la aprobación de la Cámara de Senadores para promover el pase de retiro obligatorio a los generales Claudio Romano, Carlos Sequeira, Alejandro Salaverry y Gustavo Fajardo.

Todos los militares destituidos integraban el Tribunal de Honor del Ejército Uruguayo.

El exministro de Defensa de Uruguay Jorge Menéndez, quien murió de cáncer recientemente, fue destituido por haber omitido declaraciones de delito de un exmilitar durante la dictadura (1973-1985). Tabaré Vázquez hoy es desafiado por los militares, quienes promueven la impunidad de los crímenes cometidos por la dictadura. El reciente nombrado

El nuevo comandante en jefe a puesto en duda que los militares hayan cometido violaciones a los DD.HH en Uruguay. Feola es el tercer comandante en jefe en menos de un mes. El comandante en jefe del Ejército, Claudio Feola, dijo a la prensa que no se anima a repudiar el terrorismo de Estado durante la pasada dictadura cívico-militar, porque no sabe si los hechos ocurridos están confirmados o no.

El semanario Búsqueda en su publicación periodística, ilustra detalladamente el difícil camino que han debido transitar las víctimas del terrorismo de Estado en Uruguay.

« …la ministra de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) Bernadette Minvielle fue entrevistada en el programa radial En Perspectiva. La magistrada sabía que las críticas de Manini Ríos al rol de la Justicia estarían sobre la mesa, y dudó sobre si era conveniente responder sobre el tema. Pero tras pensarlo decidió que podía defender la actuación de los jueces. “Discrepo en cuanto a que no hubo un juicio justo, que no tuvieron garantías; es más, tuvieron todas las garantías habidas y por haber, tuvieron un abogado, interpusieron excepciones de inconstitucionalidad, excepciones de prescripción, hicieron uso de cuanta dilatoria había, en el ejercicio legítimo del derecho de defensa”, declaró Minvielle al periodista Emiliano Cotelo el 20 de marzo. Y agregó: “Algún juez debió haber parado el carro, pero no se les paró el carro, al contrario, se los dejó correr muchas veces, y con eso se iban los años”.

Los comentarios de Minvielle irritaron a los militares investigados. Cinco días después, la defensa de varios de ellos pidió que la ministra se aparte de las causas penales sobre la dictadura que están a estudio de la Corte. Según informó Brecha el 5 de abril, los militares alegaron que Minvielle demostró falta de imparcialidad al referirse a los recursos de excepcionalidad y prescripción como “dilatorias”.

La ministra rechazó la recusación, por lo que el asunto pasó a estudio de los otros cuatro integrantes de la Corte, que deben resolver si el planteo de los militares es admisible y si corresponde apartarla de los expedientes.

El asunto no será sencillo. Según informaron a Búsqueda fuentes de la corporación, los ministros están divididos sobre si admitir el recurso. Como la decisión debe tomarse por mayoría, y Minvielle no puede intervenir, la Corte deberá sortear entre los ministros de Apelaciones un quinto integrante para que defina el empate. Las fuentes indicaron que la ministra Elena Martínez y el ministro Jorge Chediak se inclinan por admitir el recurso, mientras que Eduardo Turell y Luis Tosi entienden que debe rechazarse.

Si los ministros mantienen sus posiciones, será necesario sortear un quinto integrante en cada uno de los expedientes en los que se presentó la recusación.

Según dijeron las fuentes, la ministra Minvielle fue recusada en aproximadamente 38 causas. Hay otros 16 expedientes en los que, hasta el momento, no se presentó recusación, por lo que en ellos podrá intervenir.

La primera demanda de recusación que interpusieron las abogadas Rossana Gavazzo y Estela Arab, patrocinantes de varios militares indagados por los crímenes de la dictadura, fue en el expediente que investiga a los oficiales retirados Gustavo Mieres, Alberto Ballestrino y Líber Morinelli por el asesinato del militante comunista Oscar Fernández Mendieta. En el escrito, al que accedió Búsqueda, argumentaron que las declaraciones de Minvielle son de una “gravedad inadmisible e injustificable”, que afectan “su imparcialidad en la decisión a tomar en futuros pronunciamientos”.

“Máxime cuando, actualmente, se encuentran pendientes de su decisión múltiples excepciones de inconstitucionalidad”, plantearon. Según las abogadas, el “alto cargo” que ocupa Minvielle “le impide sin duda tales pronunciamientos”. Sostener que “el ejercicio legítimo de la defensa puede ser considerado una ‘dilatoria’, y que se le debe poner límites”, muestra un “preconcepto” de la ministra que “vulnera las garantías del debido proceso de los indagados”. Y concluyeron: “¿Se puede esperar justicia independiente e imparcial en estas circunstancias?”.

La ministra rechazó “categórica y contundentemente” la recusación planteada. En su respuesta sostuvo que debe ser desestimada, primero, porque fue presentada de forma “extemporánea”. Y sobre todo porque las opiniones vertidas en la entrevista ya habían sido expresadas en una sentencia que redactó como ministra del Tribunal de Apelaciones Penal de 3er turno.

En esa sentencia, de 2016, el tribunal exhortaba a los jueces de primera instancia a que evitaran las “dilatorias injustificadas” producto de los recursos que se presentaban “por goteo” y que provocaban la “continua paralización” de las causas, indicó Minvielle.

“Mis dichos en el programa radial En Perspectiva se limitaron a reeditar aquel pronunciamiento”, sostuvo. Y agregó que “no se critica la estrategia defensiva”, sino que “se exige a los jueces de instancia la consideración ordenada y dirigida del proceso que permita que la tan manida eficacia judicial no se resuelva en una quimera”.»