Honduras la sublevación de un pueblo a diez años del golpe de estado


El gobierno de Honduras anunció el despliegue de fuerzas militares en todo el país el jueves recién pasado, en medio de intensas protestas en todo el país contra el presidente Juan Orlando Hernández. Este 28 de junio se cumplirán diez años del golpe de estado contra el presidente Zelaya.

Las manifestaciones masivas comenzaron hace casi dos meses, cuando los maestros y los profesionales médicos salieron a las calles para protestar por una serie de decretos que dicen facilitar la privatización de la salud y la educación.

El movimiento se convirtió rápidamente en protestas y bloqueos multisectoriales sin fin en todo el país que exigían “Fuera JOH” , usando el acrónimo del nombre del presidente servil a Norteamérica.

Al menos tres manifestantes murieron y más de 20 resultaron heridos solo en los últimos cuatro días, los últimos datos indican que la cifra de asesinados va en aumento.

Las 58 organizaciones que integran la sociedad civil hondureña Coalición contra la Impunidad, han recopilado decenas de testimonios de familiares de los manifestantes asesinados, así como heridos de gravedad que han asumido la clandestinidad al ser perseguidos por el régimen de JOH.

Las clave sobre la represión ordenada desde el gobierno hondureño, obedecen a los lineamientos del gobierno estadounidense. « La presencia del Comando Sur es fundamental para sostener el trabajo del llamado Triángulo Norte Centroamericano (TNC) al que Washington dice enfrentar como parte de la “lucha contra el terrorismo y el narcotráfico”.»

El 28 de junio de 2009, los soldados secuestraron al entonces presidente Manuel Zelaya y lo sacaron del país, siete meses antes de que finalizara su mandato. El candidato del Partido Liberal, Zelaya, fue elegido en una plataforma populista centrista, pero gradualmente se desvió un poco hacia la izquierda al hacer alianzas con movimientos sociales y gobiernos latinoamericanos de izquierda. Desde la administración norteamericana está situación incómodo los intereses imperialista Estadounidense en la región.

Las protestas estallaron y duraron meses, el país se vio enfrentado a una crisis de gobernabilidad, que fue generada por una planificada acción mediática para desestabilizar al gobierno legítimo.

La presión derivaría meses después en elecciones irregulares con la complicidad de la comunidad internacional, que avaló la ilegalidad y mantuvo silencio ante la falta de garantías y libertad.

El Partido Nacional llegó al poder y ha controlado al gobierno desde entonces. Hernández fue elegido por primera vez en 2013.

La constitución hondureña incluye una prohibición estricta de la reelección presidencial que no puede ser reformada por los tribunales o el Congreso, pero una decisión controvertida y enrevesada de la Corte Suprema en 2015 abrió el camino para que Hernández se postulara en 2017 a la reelección.

En un esfuerzo por detener el reinado de Hernández, el partido LIBRE de izquierda que surgió de la resistencia al golpe de Estado unió sus fuerzas con el pequeño partido PINU y Salvador Nasralla para formar la Alianza de la Oposición Contra la Dictadura. Un ex comentarista deportivo de televisión a impulsado una cruzada anticorrupción, Nasralla se convirtió en el candidato presidencial de la alianza, generando expectativa en la población.

Nasralla tenía una ventaja de cinco puntos cuando se anunciaron los resultados preliminares de las elecciones del 26 de noviembre de 2017.

Cuando todo indicaba un inminente triunfo de Nasralla, la transmisión de datos electorales se desconectó durante horas y cuando volvió a conectarse, Hernández superó rápidamente a Nasralla. El país estalló en protestas y bloqueos que duraron meses. En esta ocasión el Secretario General de la OEA no alzó su voz para denunciar las irregularidades en el proceso electoral de Honduras, más bien su posición sería ambigua y se limitó a un informe supeditado a Washington.

El gobierno declaró un estado de excepción. La policía y las fuerzas militares, especialmente la policía militar creada por Hernández, reprimieron las protestas. Una agencia de la ONU concluyó que las fuerzas de seguridad dispararon y mataron a más de 20 manifestantes y transeúntes. Los grupos hondureños de derechos humanos ponen el número en más de 30.

La Organización de los Estados Americanos declaró que no se podía confiar en los resultados de las elecciones y pidió nuevas elecciones. Pero el gobierno de los Estados Unidos reconoció a Hernández como el ganador semanas más tarde, y desde entonces se ha producido una crisis política con frecuentes protestas.

Las protestas actuales es en respuesta a las privatizaciones impulsada por el gobierno. Las organizaciones sociales y políticas han sacado la voz para denunciar al gobierno hondureño en su política de privatizaciones de la energía, las telecomunicaciones, los sistemas de agua potable, los recursos naturales y la salud.

Después de conocer una serie de decretos ejecutivos y legislativos que los maestros y trabajadores de la salud dijeron que podrían facilitar la descentralización y privatización de la educación y la salud, se organizaron marchas de protesta en Tegucigalpa, la capital, y en todo el país en abril.

Los maestros y trabajadores de la salud también formaron la Plataforma para la Defensa de la Salud y la Educación en Honduras para organizar y exigir que el gobierno revoque los decretos como condición para el diálogo.

Al igual que los proyectos de ley de privatización anteriores, los decretos se implementaron en respuesta a los dictados del Fondo Monetario Internacional, dijo Amador. El gobierno eventualmente revocó los decretos, pero era demasiado tarde. No había fe en un proceso de diálogo dirigido por el gobierno y el movimiento había trascendido los sectores de la salud y la educación.

“El movimiento se ha expandido”, dijo Carlos Amador, maestro y activista de los movimientos sociales hondureños.

El descontento social cruza todos los sectores de la población.
De acuerdo con Yessica Trinidad, coordinadora de la Red de Mujeres Defensoras de los Derechos Humanos, las protestas demandan la salida de JOH y convocar a elecciones libres. Terminar con la corrupción y los negocios del narcotráfico a nivel de las autoridades de gobierno.

A medida que los sectores que participan en manifestaciones y bloqueos se ampliaron, también lo hicieron las demandas. El enfoque unificador ahora está sacando al presidente del poder.

“La gente está harta. Están cansadas de tanta corrupción, de tanta impunidad”, dijo Trinidad.

“Los problemas son estructurales. Primero, necesitamos que ese hombre se vaya”, agregó, refiriéndose al presidente de Honduras.

La actual implosión social es producto del caldo de cultivo fermentado por la extrema derecha que ha gobernado durante una década y que en el último quinquenio, de la mano del presidente Juan Orlando Hernández, ha recrudecido las pésimas condiciones sociales de la población, sumado a la explosiva situación socioeconómica de miles de hondureños que buscan emigrar del país. Para los países de la región impensable, que se reúnan para abordar una crisis humanitaria, mucho menos ejercer sanciones económicas contra el gobierno de JOH.

En medio de las recientes protestas y la sublevación popular, el nuevo escenario tiene otro agregado, «los fusiles caídos» de algunos grupos de las fuerzas policiales y especiales que anteriormente reprimieron al pueblo y que esta vez se han sumado a la lucha rebelde para pedir el fin del gobierno de JOH. Por su parte el gobierno ha respondido con decretar toque de queda y restringir las libertades fundamentales. La prensa internacional a diferencia de Venezuela, permanece silente y las escasas informaciones se limitan a bajar el perfil, de la crisis institucional de Honduras.