ESPAÑA LA DEMOCRACIA DEL OLVIDO LATENTE


Josefina Ormaechea

Corresponsal en Europa

Los años de la impunidad pactada a la muerte del dictador Franco, parecen llegar a su fin con el proyecto de una nueva Ley de memoria democrática, aprobada por El Consejo de Ministro del gobierno español.

Los 40 años de represión y crímenes de Lesa Humanidad de la dictadura de Franco, que han sido sepultados bajo el manto de la impunidad y la obsecuencia de una clase política sojuzgada por el miedo instalado en la sociedad española. Hoy se abre una ventana para los familiares de la victimas de los crímenes de derecho internacional cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo (1936-1975) Durante décadas le han sido denegados sus derechos a la verdad, justicia y reparación. Aferrándose a argumentos controvertidos como la Ley 46/1977 de Amnistía: La ley de amnistía entró en vigor el 17 de octubre de 1977 y fue aprobada por amplísima mayoría, con los apoyos de UCD, PSOE, PCE y nacionalistas vascos y catalanes

La responsable de Memoria Democrática de IU, Esther López Barceló; y el profesor Rafael Escudero en un artículo en Público, se centraba en «las acciones y omisiones de intencionalidad política o social castigadas como delito o falta por el Régimen desde el 17 de julio de 1936 al 15 de junio de 1977, y que declare nulas y sin efectos las correspondientes penas y sanciones de todo tipo impuestas o que puedan imponerse por los citados hechos”. Pero el trámite parlamentario acabó amnistiando no sólo a las víctimas, sino también a los verdugos.

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Es así que, la prescripción de los delitos o la no retroactividad de las sanciones penales desfavorables, entre otros, los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial no han facilitado la investigación de esos graves abusos de derechos humanos, que incluyen tortura, ejecuciones extrajudiciales, ataques contra población civil, persecución política, religiosa o racial, encarcelamientos arbitrarios, trabajos forzados y otros actos definidos como crímenes contra la humanidad. Tampoco han colaborado con la justicia de Argentina, donde se han abierto investigaciones sobre esos crímenes. Existe una responsabilidad histórica de los gobiernos de turnos a nivel mundial, que permitieron la consolidación de la dictadura franquistas en los años posteriores al termino de la segunda guerra mundial.

La ONU, en el año 1946, en la Resolución 39 (I) de la Asamblea General de la ONU sobre la cuestión española establecía que «en origen, naturaleza, estructura y conducta general, el régimen de Franco es un régimen de carácter fascista, establecido en gran parte gracias a la ayuda recibida de la Alemania nazi de Hítler y de la Italia fascista de Mussolini» y que, por lo tanto,  no representa al pueblo español» por ser un régimen «impuesto por la fuerza. 

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Sin embargo, el contexto internacional cambió. El franquismo se convirtió en un régimen aliado contra el comunismo y la justicia quedó en un segundo plano. Después llegó la Transición; la Ley de Amnistía, que en la práctica funcionó como una ley de punto final.

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Los principales lideres de los partidos políticos han sostenido una férrea defensa del pacto con el franquismo. Un ejemplo manifiesto en este tiempo de pandemia es el caso de Martín Villa. Felipe González (PSOE), José María Aznar (PP), José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE) y Mariano Rajoy (PP)- sendas cartas de apoyo a Rodolfo Martín Villa, ex ministro del Interior en los estertores de la dictadura Esa impunidad pactada durante la Transición hizo que familiares de las víctimas buscaran reparación en la justicia internacional, la jueza argentina Servini de Cubría, que en 2014 pidió la extradición de Martín Villa para interrogarlo como responsable de delitos contra la humanidad. El entonces presidente Mariano Rajoy rechazó el pedido y el pasado marzo, las restricciones obligadas por la pandemia frustraron la intención de la jueza de volar a España para realizar el interrogatorio en Madrid.

Rodolfo Martín Villa participó de la sangrienta dictadura franquista y luego, en el período de la Transición ocupó altos cargos. Fue ministro de Relaciones Sindicales, ministro de la Gobernación y ministro del Interior, desde donde continuó dirigiendo el aparato represivo. El 3 de septiembre declaró Martín Villa, ante la jueza María Romilda Servini via conferencia telemática en la embajada de Argentina en España., en el proceso penal abierto en ese país del cono sur de América Latina que investiga los crímenes contra la humanidad cometidos en España durante la dictadura franquista y la Transición.

En esa perversa lógica del «Enemigo Interno» la dictadura del franquismo busco sistemáticamente: Limpiar España de marxistas. De rojos. De nacionalistas. De anarquistas. De sindicalistas. De feministas. De maestros y maestras comprometidos. De intelectuales. Limpiar España de todos los que no compartían o fueran reticentes a la idea de la España imperial, católica, apostólica, jerárquica y tradicional. Y no faltaron muertes ni asesinatos. “La matanza se extendió también a quienes habían podido recibir la influencias de sus ideas: los miembros de un sindicato, los que no iban a misa, los sospechosos de votar al Frente Popular, las mujeres que habían obtenido el sufragio y el derecho al divorcio…”, detalla el historiador Paul Preston en su obra El Holocausto español. Si los golpistas encarnaban los valores y principios de la España eterna, los defensores de la República se convirtieron en la Anti-España y tenían que ser erradicados. Se instala el miedo en la población actuando como un eficaz método coercitivo de control y adoctrinamiento. A día de hoy todavía es imposible conocer con exactitud la cifra exacta de asesinados y asesinadas por los franquistas. Paul Preston asegura que la cifra “más fidedigna” de muertes a manos de militares rebeldes lejos del campo de batalla asciende a 130.199 aunque afirma que lo más probable es que la cifra real superara los 150.000 muertos. Por su parte, la obraVerdugos impunes (Pasado & Presente) recoge la siguiente aproximación: 160.000 víctimas mortales entre 1936 y 1945; más de 2.000 fosas comunes y por encima de los 100.000 desaparecidos; 600.000 procesados por tribunales militares (sin contar a los ejecutados); alrededor de 20.000 presos políticos allá por 1940; 150.000 exiliados y los trabajos forzados a los prisioneros de guerra.

En los 296 campos de concentración, por los que pasaron entre 700.000 y un millón de españoles “Los cautivos eran sometidos a un proceso de deshumanización. Despojados de sus pertenencias más personales, la mayor parte de las veces eran rapados al cero e incorporados a una masa impersonal que se movía a toque de corneta y a golpe de porra. Las condiciones infrahumanas en el campo les degradaban psicológicamente desde el primer momento”, escribe Carlos Hernández. En rigor, no se conoce con exactitud el número de penales que hubo por todo el país con presos políticos trabajando en ellos. No todos los presos republicanos fueron enviados a estos lugares. Otros muchos continuaron en prisión muriéndose, literalmente, de hambre y de enfermedades. Como Miguel Hernández. Un hambre y unas condiciones que buscaban deshumanizar a las víctimas. A ellas, y a sus familias, que fuera luchaban por la supervivencia con su nombre incluido en listas negras que les prohibían el trabajo.

Loas alcances de esta nueva Ley de memoria democrática implicaría: declarará «nulos de pleno derecho» los juicios franquistas, prevé hacer del Valle de los Caídos un cementerio civil —lo que comportará el desalojo de la comunidad benedictina que allí habita y que custodia la abadía—, ilegalizará las asociaciones y fundaciones que hagan apología del franquismo y encargará al Estado la recuperación de restos humanos de las fosas comunes.

El proyecto de Ley le queda una largo camino institucional para llegar a buen puerto. si se cumplen los plazos que se ha dado el propio Ejecutivo, habría nueva ley aprobada para el verano del 2021